- El secretario de Educación en la ejecutiva del PSPV-PSOE, Miquel Soler, censura que el decreto ley aprobado porel Consell modifica la legislación para otorgarle más poderes para contratar y prevé que la plantilla se integre directamente en la Generalitat como “personal a extinguir”
- Miquel Soler recriminaal conseller Rovira que “ha congelado el Plan Edificant para la construcción de centros educativos a través de los ayuntamientos mientras resucita la empresa de los sobrecostes y los escándalos de corrupción”
- El responsable de Educación lamenta que Mazón “ejerce, una vez más, de zaplanista, recuperando la empresa que protagonizó uno de los episodios más negros de la Comunitat Valenciana, con ‘zombies’ que hoy en día ocupan escaño en las Corts y una sentencia judicial aún pendiente del caso Taula”
- Soler constata que “la corrupción del PP sigue manchando la imagen de la Comunitat Valenciana tras reconocer el número dos de Alfonso Rus que ocultó su patrimonio al saber que estaba siendo investigado por los zombies de Ciegsa”
València, 11 de junio de 2025.-El secretario del área de Educación del PSPV-PSOE, Miquel Soler, ha denunciado hoy que Mazón “ha reactivado la ‘cueva de Alí Babá’ de Ciegsa con el pretexto de la dana y, de paso, impone la integración de los enchufados del PP en la Administración autonómica como personal a extinguir”, de forma que “les asegura un sueldo público de por vida”.
Soler ha censurado que el último decreto ley aprobado por el Consell cambia la legislación para atribuir ahora más potestades a la empresa creada en 2001 para la construcción de colegios y que ha protagonizado numerosos escándalos de corrupción y sobrecostes, de forma que “se convirtió en la ‘cueva de Alí Babá’ del zaplanismo y del campsismo”. La norma, que ha entrada en las Corts esta semana para su convalidación, prevé que Construcciones e Infraestructuras de la Generalitat, SA (Ciegsa) se extinguirá el 31 de diciembre de 2026 y la plantilla pasará a integrarse en la Conselleria de Educación como personal a extinguir”.
Miquel Soler ha lamentado que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, “justifica la reactivación de la sociedad anónima con la dana, mientras ha congelado el Plan Edificant de construcción de centros educativos a través de los ayuntamientos y ha retirado proyectos que estaba a punto de adjudicarse por criterios políticos y sectarios en localidades gobernadas por alcaldes socialistas”. “Que dejen de mentir y de marear a las localidades afectadas por la dana porque no les han dado nada, ni obras ni profesorado”, ha aseverado.
El Plan Edificant, ha recordado Miquel Soler, supuso un impulso sin precedentes en la construcción de colegios, acabando con los barracones estructurales que había dejado el PP, “y ahora Mazón vuelve al modelo opaco de Ciegsa, que fue un caldo de cultivo para la corrupción”. “Con Ciegsa, la construcción de colegios tuvo sobrecostes del 36% sobre lo que habría supuesto hacerlos desde la conselleria”, ha señalado Soler, que ha añadido que el Consell del Botànic, “con el modelo Edificant, se acabó con los sobrecostes”.
En ese sentido, el responsable de Educación lamenta que Mazón “ejerce, una vez más, de zaplanista, recuperando la empresa que protagonizó uno de los episodios más negros de la Comunitat Valenciana, con ‘zombies’ que hoy en día ocupan escaño en las Corts Valencianes y con una sentencia judicial del caso Taulaaún pendiente en el Tribunal Supremo”. En concreto, se trata de la sentencia de la Audiencia de Valencia por la que se condenó a 5 años de cárcel al expresidente del PP de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; al exgerente de Ciegsa, Máximo Caturla; y al exgerente de Imelsa, el ‘yonki del dinero’, Marcos Benabent, por los contratos de personal ‘zombie’, que cobraban sin ir a trabajar, en Ciegsa y en Imelsa”.
Soler también ha constatado que “la corrupción del PP sigue manchando la imagen de la Comunitat Valenciana tras reconocer el número dos de Alfonso Rus que ocultó su patrimonio al saber que estaba siendo investigado por los zombies de Ciegsa”. El responsable socialista se refirió así a las informaciones sobre que Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación y exvicepresidente de la diputación, se ha reconocido culpable de un delito de alzamiento de bienes, con una condena de 11 meses de cárcel, por ocultar su patrimonio a la juez al tener conocimiento de que lo podían estar investigando por el citado caso Taula.